Finalmente, las quejas de los arquitectos, las asociaciones y los vecinos que venían alertando de la tergiversación del PGOU y la especulación urbanística que suponían la construcción de las cuatro “moles universitarias”, han acabado en los juzgados de la mano de los arquitectos Luis Fernando Gómez Stern, Javier Queraltó Dastis y José J. Ferrari Márquez. Los firmantes creen que estas construcciones no han cumplido con los procedimientos y las normativas requeridas y que por lo tanto deberían ser declaradas ilegales y, en consecuencia, derribadas. Cosa que según los propios firmantes “parece difícil” en el caso de las tres residencias ya construidas pero que, en el caso de la cuarta (Palmera 38), se podría “parar la construcción o modificarla para mitigar su impacto”, algo que “podría ser más fácil”.
Recordemos que las denuncias de algunos grupos de arquitectos sevillanos, en conjunto con diferentes asociaciones de la zona, como la Asociación Parque Vivo del Guadaíra ya han venido alertando sobre la interpretación interesada y errónea del PGOU que hace el Ayuntamiento, concediendo licencias en contra del propio ordenamiento jurídico y fomentando la especulación de grandes fondos de inversión extranjeros. Nuestras quejas se basan en que, aparte de romper con un desarrollo urbanístico que es incompatible con con el eje verde que pretende plantear el PGOU, según el uso terciario que ha otorgado el Ayuntamiento, estas “moles” podrían perfectamente acabar reconvertidas en hoteles o en bloques de viviendas con las que los fondos de inversión extranjeros acabarían haciendo negocio a costa de la vitalidad de la zona y el bienestar de los vecinos.
Lo que parece claro es que no existe tanta demanda de viviendas para estudiantes como las que se han construido en tan corto espacio de tiempo. En cualquier caso, según los tres arquitectos denunciantes, las nuevas cuatro residencias de estudiantes van a generar demandas en la zona en forma de zonas verdes, infraestructuras, movilidad, atención sanitaria, centros cívicos y deportivos, etc. Todo esto requieriría una planificación y una inversión por parte del consistorio que dudan se vaya a producir: “¿Quién paga estos equipamientos? ¿Dónde está la captación de las plusvalías urbanísticas para la ciudad?”, gracias a la actitud colaborativa del Ayuntamiento con los fondos de inversión, estos van a ser “únicos beneficiados”.
